Libres se defenderán exagentes de la DPI
Ante la secretaría del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) remitió a tres policías de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), involucrados en solicitar determinada cantidad de dinero a un comerciante.
En la audiencia de declaración de imputado, una vez que los acusados proporcionaron sus datos personales, se les leyeron sus derechos e inmediatamente las partes procesales expusieron el motivo de la acción penal.
En tal sentido, la jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional resolvió imponer medidas cautelares distintas a la detención judicial a Erick Antonio Sosa, Jairo Antonio Bonilla Cruz y Eduardo Valentín Suazo Méndez, a quienes se les supone responsables del delito de concusión en perjuicio de un testigo protegido y la administración pública del Estado de Honduras.
Previamente, fiscales adscritos a la Fiscalía Especial de Transparencia Contra la Corrupción Pública (FETCCOP) presentaron el requerimiento, describieron los hechos y pidieron la aplicación de las medidas cautelares distintas a la detención.
MEDIDAS CAUTELARES
Por su parte, la defensa técnica legal de los imputados rechazó la acusación, presentó el suficiente arraigo domiciliario, familiar, laboral, se sumó a la pretensión fiscal, manteniendo el estado de inocencia de sus representados.
A los imputados se le aplicaron las medidas cautelares sustitutivas de la presentación periódica una vez cada 15 días y no podrán salir del país sin autorización del juez competente.
Asimismo, se les prohíbe comunicarse o transitar por donde habitualmente acude la víctima, no podrán comunicarse o visitar a sus compañeras o compañeros de trabajo o permanecer en las instalaciones de la DPI. Y se les suspendió de sus cargos.
La audiencia inicial se estableció para las 9:00 de la mañana del martes 20 de mayo.
Según las diligencias por parte de la ATIC, el pasado 38 de abril, como a eso de las 5:30 de la tarde, la víctima llegaba a su negocio, un billar ubicado en el bordo de Río Blanco, cuando llegó un vehículo tipo pick up, gris, sin placas. Del auto se bajaron tres individuos con chalecos antibalas con las iniciales DPI, se identificaron como agentes y uno de ellos le pidió el permiso de operación.
El ofendido les dijo que no lo tenía y los agentes le dijeron que la multa era de 200,000 lempiras. La víctima les dijo que esa cantidad no tenía, pero sí lo recaudado de la semana.
